La Convención sobre la “Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”1, estipula el deber de asegurar una alimentación adecuada a las mujeres durante el embarazo y la lactancia, como también a lo largo de su vida. Por su parte, a las mujeres que habitan en el área rural se les debe procurar condiciones de vida adecuadas. Y, en particular, servicios sanitarios y de abastecimiento de agua, acceso a créditos y préstamos agrícolas y a mecanismos de comercialización, y trato igualitario en los planes de reforma agraria y reasentamiento.

El porcentaje de mujeres sin ingresos propios, para 2003 fue del 42%, frente al 20% de los hombres. El ingreso global que ganaron las mujeres fue 46% inferior a aquél ganado por los hombres. En el caso de las mujeres de hogares pobres que obtuvieron ingresos, éstos fueron menos de la mitad (47%) del de los hombres con estas mismas características.

Esta situación de población empobrecida, conlleva a no tener dinero para producir o comprar alimentos y a su vez genera una realidad nutricional y alimentaria preocupante para Colombia. La pobreza conduce al hambre, el hambre conduce a la desnutrición.