El agua es patrimonio de todos y es el Estado colombiano, por medio de las autoridades ambientales, quien administra este importante recurso, para garantizar que llegue a todo el que la necesite y evitar que algunos se la apropien en detrimento de los demás. La legalización permite distribuir el caudal disponible en forma equitativa entre todos los que lo requieran.

La normatividad nos señala que no existe propiedad privada sobre las aguas. Hay entidades públicas o comunitarias que administran, regulan y generan la infraestructura requerida para llevar el recurso desde la fuente hasta el lugar de destino. Esto significa que el agua es de todos, por lo tanto tenemos el derecho de acceder a ella, pero también el deber de protegerla.

El gobierno colombiano con el fin de proteger y velar por el cuidado del recurso hídrico, creó los instrumentos de comando y control los cuales son de carácter obligatorio. Entre ellos se encuentran:

• Concesiones de aguas superficiales y subterráneas.

• Vertimientos de aguas residuales.

• Uso eficiente y racional del agua.

• Plan de saneamiento y manejo de vertimientos.